La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la firma de un decreto para ampliar las obligaciones de transparencia en las dependencias y entidades del Gobierno de México, particularmente en materia de contrataciones públicas, empresas filiales de Pemex y CFE, así como auditorías y procesos de fiscalización.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la disposición busca fortalecer el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución y garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Sheinbaum señaló que el decreto complementará las obligaciones contempladas actualmente en la legislación, al requerir una mayor apertura sobre el uso de los recursos públicos y el funcionamiento de las instituciones federales.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que la medida se divide en cuatro ejes: contrataciones gubernamentales, filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, fiscalización y auditorías, además de un llamado para que otros poderes y órdenes de gobierno adopten disposiciones similares.
Entre los cambios anunciados se encuentra la publicación mensual de los contratos celebrados por el Gobierno federal, los cuales hasta ahora eran difundidos de manera trimestral en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El decreto también ordenará publicar información de las filiales de Pemex y CFE, como estados financieros, contratos, políticas de operación, estructuras de gobierno corporativo e informes presentados ante organismos o autoridades extranjeras.
En materia de fiscalización, la Secretaría Anticorrupción deberá difundir su programa anual de auditorías, estadísticas sobre las revisiones, avances en la atención de observaciones y el padrón de despachos externos contratados para examinar entidades públicas.
Buenrostro informó que el Gobierno federal también impulsará modificaciones a la Ley General de Transparencia para que estas obligaciones queden incorporadas de manera permanente.
Asimismo, se revisarán los criterios utilizados para reservar información, con la intención de restringirlos a asuntos relacionados con el interés público y la seguridad nacional, privilegiando la elaboración de versiones públicas cuando los documentos no puedan difundirse de forma íntegra.
