El año pasado, México se conmocionó cuando equipos de búsqueda voluntarios descubrieron un rancho abandonado lleno de zapatos; demasiados para haber sido dejados por sus dueños. Para muchos observadores, era señal inequívoca de un campo de exterminio de un cártel del narcotráfico.
Las autoridades mexicanas lo negaron, incluso después de que se encontraran restos humanos carbonizados e insistieron en que el llamado rancho Izaguirre —en el estado de Jalisco, en el oeste del país— no era más que un campo de entrenamiento para nuevos reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México.
Los voluntarios, insatisfechos con la investigación, regresaron la semana pasada para seguir buscando respuestas. Ahí hicieron otro inquietante descubrimiento: una fosa séptica llena de dientes humanos y fragmentos de huesos.
Ese hallazgo fue otro recordatorio doloroso de un desafío sombrío en México que no se va. Por mucho que sus dirigentes hayan intentado resolverlo, minimizarlo u ocultarlo, más de 133.000 personas han desaparecido en el país. Casi todas desaparecieron en las últimas dos décadas, muchas a manos del crimen organizado o de funcionarios coludidos.
La crisis ha recaído en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en diversas ocasiones se ha comprometido a hacer justicia y encontrar a todas las personas desaparecidas, pero ahora está sometida a una presión cada vez mayor para que haga más avances.
“Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos”, declaró a los periodistas el mes pasado. “Y estamos fortaleciendo las instituciones del Estado mexicano, que nos permitan prevenir y atender este lamentable crimen”.
Aunque las estadísticas del gobierno muestran que los homicidios han disminuido en un 41 por ciento bajo el mandato de Sheinbaum, el número de personas desaparecidas ha aumentado más del doble desde 2016, y se ha incrementado a un ritmo constante a lo largo de los años.
Algunos analistas ven un avance. Sheinbaum ha impulsado cambios que obligan a los fiscales a abrir una investigación al recibir una denuncia de desaparición, y puso en marcha un sistema nacional de emergencias que alerta a las autoridades cuando se denuncia la desaparición de alguien.
También prometió reforzar los equipos forenses y de búsqueda. El año pasado, alrededor de 22.000 personas desaparecidas fueron encontradas con vida, la cifra anual más alta registrada.
Estas medidas indican que el gobierno de Sheinbaum parece ir “en el camino correcto”, dijo Carlos Pérez Ricart, experto mexicano en seguridad.
“Las cosas se habían hecho muy mal en años recientes, pero en el último año se han empezado a corregir”, añadió, “y eso debe de reconocerse”.
Sin embargo, los métodos de Sheinbaum también han suscitado polémica.
Después del hallazgo en el rancho Izaguirre, ordenó una auditoría para revisar el registro nacional de personas desaparecidas. El objetivo era garantizar que las autoridades dispusieran de datos precisos, dijo en una entrevista Marcela Figueroa, una funcionaria de seguridad de alto rango que coordinaba el esfuerzo.
El registro, creado en 2018 mediante la fusión de listas dispares de fiscales estatales, comisiones de búsqueda y colectivos de voluntarios, resultó ser una especie de criatura de Frankenstein difícil de revisar, explicó Figueroa.
“Era muy caótico”, añadió. “No tuvo criterios, no tuvo metodología al inicio”.
Después de revisar los datos, Figueroa y su equipo dividieron las más de 130.000 entradas en aproximadamente tres grupos.
Según las autoridades, buscar a los desaparecidos de uno de los grupos sería básicamente imposible por falta de información.
Otro tercio de las entradas eran personas que tras su desaparición habían contraído matrimonio, declarado impuestos o recibido una vacuna, lo que sugiere que estaban vivas. (Los funcionarios han reclasificado a más de 5300 personas de este grupo como encontradas tras verlas en persona, señaló Figueroa).
De las 43.600 personas restantes nunca se ha sabido nada tras ser dadas por desaparecidas, pero hay información suficiente para organizar búsquedas. Sin embargo, de acuerdo con grupos de derechos humanos esta cifra se quedaría corta, porque hay más de 72.100 cuerpos sin reclamar en las morgues de México, y muchas desapariciones no se denuncian.
Los resultados de la revisión, anunciados el mes pasado, generaron reacciones encontradas. Algunos investigadores señalaron que el gobierno no había hecho públicos sus datos ni su metodología, lo que hacía imposible verificar la exactitud de la auditoría.
“Yo quiero dar ese voto de confianza”, afirmó Fernando Escobar, un investigador que monitorea desapariciones para Causa en Común, una organización mexicana que se enfoca en la seguridad. “El problema es que pueden presentar los números que quieran, pero si no hay ninguna evidencia que pueda acompañar esos datos, va a ser muy complicado defender la validez de lo que están haciendo”.
Para quienes buscan a sus seres queridos, la auditoría de hace poco se parece a esfuerzos anteriores para abordar la crisis, pero no es suficiente para ayudarles en su búsqueda.
“Es un intento por contener la crisis intentando bajar la cifra”, dijo Jorge Verástegui González, experto en la crisis de las desapariciones en México, cuyo hermano y sobrino fueron secuestrados por agentes de policía en 2009. “Tenemos muchos años en esto, 17 en mi caso, y hemos pasado por muchos gobiernos que han hecho exactamente lo mismo”.
Pero las autoridades dicen que tener categorías más claras ha ayudado a dirigir mejor los esfuerzos de búsqueda.
“Tener los datos es importante, y tener datos certeros y claros”, dijo Figueroa. “Pero al final lo que queremos es encontrar a las personas”.
Sheinbaum ha aumentado la frustración al polemizar con el Comité contra la Desaparición Forzada, un organismo de expertos independientes de las Naciones Unidas que este mes emitió un informe muy crítico en el que concluía que las desapariciones en México eran generalizadas y sistemáticas, y que a menudo contaban con la complicidad de las autoridades.
“No pueden acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada, por parte del Estado, de que está cometiendo el mismo delito”, dijo, y acusó a los expertos de ignorar los avances recientes logrados por su gobierno.
Según los analistas, la reacción del gobierno refleja una falta de autocrítica. “Es una pena”, dijo Pérez Ricart. “No debería temerle a admitir sus propias limitaciones y desafíos”.
Tras meses de presionar a las autoridades para que dieran respuestas, la semana pasada se permitió a los buscadores voluntarios volver al rancho Izaguirre.
Las muestras de ADN recogidas de ropa y fragmentos óseos recuperados el año pasado coincidían con las de dos hombres desaparecidos. Los voluntarios pensaban que aún quedaban más restos humanos por desenterrar. Tenían razón.
Para algunos, los dientes y huesos hallados en la fosa séptica señalaban el persistente fracaso de las autoridades mexicanas para poner fin a las desapariciones en el país.
“Muchos de nuestros hijos desaparecidos podrían estar en ese o en cualquier otro campo de reclutamiento”, dijo Héctor Flores González, cuyo hijo desapareció en 2021. “Me da mucho coraje que el gobierno no haga nada para detener esto, y aquí seguimos nosotros sacando cuerpos y desenterrando restos”.
Agencia Reforma
