Autoridades federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios —en activo y retirados— por su presunta participación en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, quienes detallaron que los implicados habrían colaborado con líderes del cártel para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación, los funcionarios presuntamente utilizaron sus cargos para proteger operaciones delictivas, proporcionar información confidencial y garantizar el traslado de cargamentos de droga, a cambio de sobornos millonarios.
Entre los delitos señalados se encuentran conspiración para el tráfico de narcóticos —incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina— así como delitos relacionados con armas de fuego. En uno de los casos, también se imputan cargos por secuestro y homicidio.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esta red habría permitido al Cártel de Sinaloa operar con mayor libertad, consolidando su capacidad para distribuir drogas en Estados Unidos. Asimismo, se señala que algunos de los acusados habrían participado directamente en actos de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos.
Según la investigación, los implicados estarían vinculados con la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y habrían facilitado sus operaciones mediante el control de corporaciones policiales y la protección institucional.
El fiscal Jay Clayton advirtió que este caso busca enviar un mensaje claro a funcionarios públicos de cualquier país que colaboren con el crimen organizado: “Nadie está por encima de la ley”.
Por su parte, la DEA señaló que la acusación revela un esquema sistemático de corrupción que habría debilitado las instituciones y favorecido la expansión de organizaciones criminales.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que las autoridades indicaron que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad conforme al debido proceso.
Para mayor información consultar: http://justice.gov/usao-sdny/pr/governor-sinaloa-and-nine-other-current-and-former-mexican-officials-charged-drug
