Denuncian posible intervención en comunicaciones sin orden judicial
Ciudad de México, 26 de junio de 2025 — Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General del Sistema de Seguridad Pública, también conocida por sus críticos como la “Ley de Espionaje”, por contemplar mecanismos que permitirían la intervención en comunicaciones privadas y el acceso a bases de datos telefónicos, incluso sin orden judicial, según denuncias de legisladores de oposición.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada por 445 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, PVEM, así como del PAN y Movimiento Ciudadano. En contra se manifestaron 37 diputados del PRI, quienes advirtieron sobre los riesgos de otorgar poderes de vigilancia sin controles suficientes.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es que, aunque elimina formalmente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ya previamente declarado inconstitucional, permite que autoridades federales accedan a bases de datos telefónicos, con una interpretación ambigua que —afirman opositores— abre la puerta a prácticas de espionaje sin autorización judicial.
En el apartado específico sobre inteligencia, la votación fue de 386 votos a favor y 101 en contra, con el PRI y el PAN liderando el rechazo.
“La reforma tiene más de 480 páginas y fue modificada de último minuto. Fue imposible analizarla a fondo. Están aprobando una ley sin conocerla”, acusaron legisladores priistas en tribuna.
Entre los cambios relevantes, la ley:
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Sustituye la legislación vigente desde 2009, creada durante el sexenio de Felipe Calderón.
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Permite la intervención de comunicaciones, pero supeditada a autorización judicial previa.
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Crea el Consejo Nacional de Inteligencia, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que operará el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para realizar tareas contra el crimen organizado.
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Institucionaliza las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde participan autoridades federales, estatales y militares.
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Funda la Academia Nacional de Seguridad Pública, encargada de capacitar a mandos policiacos y expertos en inteligencia e investigación.
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Otorga más autonomía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
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Establece un mecanismo para suspender financiamiento en seguridad a entidades que incumplan acuerdos de coordinación.
La minuta será ahora turnada al Senado de la República, donde continuará su discusión y podría enfrentar nuevas reservas y modificaciones, en medio de un creciente debate público sobre los alcances y límites del uso de la inteligencia en tareas de seguridad nacional.
