Piden usar recursos legales en lugar de “linchamientos mediáticos”
Ante los ataques políticos y el linchamiento mediático en contra de jueces por sus resoluciones, las magistradas Myrelle Lozoya y Nancy Sánchez llamaron a defender la independencia judicial y a reflexionar sobre las fallas estructurales del sistema penal.
Las magistradas, con sede en Ciudad Juárez, realizaron su posicionamiento en redes sociales, para señalar que con frecuencia las liberaciones o determinaciones favorables a imputados no obedecen a decisiones arbitrarias de jueces, sino a las deficiencias previas en la integración de carpetas de investigación o en la legalidad de las detenciones.
La polémica por la liberación de un presunto multiasesino conocido por su alias “La Rata” generó un debate público donde se atacaba directamente a las juzgadoras.
Por tal motivo, Myrelle Oralia Lozoya Molina y Nancy Sánchez, titulares de la Cuarta Sala Penal Regional y Tercera Sala Penal Regional, respectivamente, emitieron este posicionamiento tras la creciente exposición pública de las decisiones judiciales y de descalificaciones dirigidas contra juzgadores por el sentido de sus resoluciones.
Estos embates mediáticos fueron dirigidos contra jueces del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua capital, por decisiones relacionadas con medidas cautelares.
Diversas voces de políticos y funcionarios se elevaron en una sinfonía de “linchamiento mediático”, por lo que las jueces de segunda instancia coincidieron en que estos señalamientos buscan condicionar el criterio judicial, pero traen como consecuencia que se debilita el Estado de Derecho, ya que sustituyen los recursos legales por juicios de opinión.
Las magistradas Lozoya y Sánchez recordaron que las resoluciones de jueces se combaten en tribunales y no en redes sociales ni en medios de comunicación.
Cabe señalar que las expresiones de respaldo de las magistradas no constituyen intervención en casos concretos ni valoración del fondo de resoluciones específicas ya que se trata de una defensa abstracta de principios constitucionales como son el debido proceso, la presunción de inocencia y la autonomía judicial.
Reflexionario que dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, la competencia de magistrados y salas se limita al ejercicio jurisdiccional, es decir, la opinión institucional, cuando no incide en un expediente determinado, no invade funciones ni genera efectos procesales.
El posicionamiento encuentra sustento en los artículos 17 y 116 constitucionales y en estándares internacionales.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los jueces deben estar protegidos frente a presiones externas, campañas de desprestigio o represalias derivadas de sus decisiones.
Las magistradas, afirmaron, se mantuvieron dentro de los parámetros éticos reconocidos que son defender la independencia judicial, rechazar presiones y enfatizar que existen medios legales de impugnación.
En su posicionamiento, no hubo pronunciamiento sobre culpabilidad de personas ni sobre la corrección de decisiones particulares, además de que se protegió la función judicial, no una resolución específica.
Las juzgadoras hacen una reflexión obligada: ¿dónde están las verdaderas fallas del sistema?
Más allá del debate mediático, el pronunciamiento también invita a una reflexión estructural.
Qué tipo de deficiencias se presentan comúnmente en la integración de carpetas de investigación o en la legalidad de las detenciones:
Cuando la Fiscalía no acredita adecuadamente los datos de prueba.
Se vulneran derechos fundamentales durante la detención,
Las corporaciones policiales realizan aseguramientos sin cumplir los requisitos constitucionales.
Es decir, los juzgadores no tienen margen de discrecionalidad: están obligados a excluir pruebas ilícitas o decretar libertades, porque así lo ordena la Constitución aparte que estás decisiones serán revisadas por otros órganos jurisdiccionales revisores.
En otras palabras, el juez no “libera por voluntad”; libera porque la ley lo impone ante una actuación deficiente de las autoridades investigadoras.
Por tanto, cargar la responsabilidad exclusivamente en los tribunales invisibiliza fallas estructurales del sistema de seguridad y procuración de justicia.
La justicia no puede convertirse en un instrumento de presión coyuntural ni en un terreno de disputa política.
El mensaje de las magistradas Myrelle Lozoya Molina y Nancy Sánchez es claro:
la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para toda la sociedad.
Cuando un juez resuelve conforme a la Constitución —aunque la decisión resulte impopular— debe estar protegido frente a presiones externas, de lo contrario, el proceso penal deja de ser jurídico y se convierte en mediático.
La crítica es válida. La presión indebida, no.
Fortalecer la justicia exige responsabilidad compartida: mejores investigaciones, policías capacitadas, fiscalías sólidas y tribunales autónomos.
Solo así el sistema penal funcionará como verdadero Estado de Derecho, concluyeron.
