Ciudad de México— Poco más de la mitad de las cárceles estatales –133 de 264– registra sobrepoblación de internos, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2023, presentado este viernes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Las entidades con más prisiones en esa situación son Estado de México, con 18; Hidalgo y Puebla, con 10 cada una, y Chiapas y Guanajuato, con nueve cada una.
Las cárceles estatales sumaban una población de 211 mil 54 reclusos a finales de 2023, cuando su capacidad total es de 191 mil 736 lugares.
En Estado de México, la sobrepoblación asciende a 145 por ciento; en Morelos a 88 por ciento, y en Durango a 76 por ciento.
“La sobrepoblación sigue siendo una constante en diversos centros penitenciarios, lo que, aunado a las deficiencias de habitabilidad y estancias dignas, al hacinamiento, a una infraestructura deficiente, a la alimentación, al otorgamiento de servicios, insumos y satisfactores básicos, desencadenan una serie de inconformidades que pueden detonar en incidentes violentos, incluso, masivos”, advierte la CNDH.
“Uno de los principales factores que se han visibilizado, y que no han llamado la atención urgente de las autoridades de los sistemas penitenciarios que lo padecen, es la falta de actuación diligente para la actualización debida de los expedientes de las personas respecto a su actual situación jurídica, a fin de accionar la intervención de las defensorías públicas federal y/o sus homólogas en los estados, a fin de interponer ante los jueces de ejecución aquellos recursos legales oportunos o solicitud de beneficios de liberación”.
Otro factor que incide en la persistencia de la sobrepoblación, agrega, en las cárceles, es la política punitivista en el país.
Las problemáticas
En la evaluación global realizada por la CNDH a 142 centros penitenciarios estatales varoniles, 24 femeniles y 98 mixtos encontró, además de sobrepoblación y hacinamiento, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; falta de atención de adicciones, y problemas de gobernabilidad.
La calificación promedio estatal más baja, en una escala de 0 a 10, correspondió a Tabasco, con 4.27, y la más alta a Querétaro, con 8.61.
Resultaron reprobadas 10 entidades, además de Tabasco: Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, y Zacatecas.
En 83 por ciento de las cárceles estatales se encontraron deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad y en 56 por ciento deficiencias en los servicios de salud.
En tanto, en 27 de los 264 centros penitenciarios supervisados la CNDH encontró que las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad.
Agencia Reforma
