Cd. de México.- Un juzgado federal concedió la libertad provisional a Alejandra Álvarez del Castillo Rivera, una asesora financiera acusada de un presunto fraude de 91.4 millones de dólares, por un crédito que otorgó Banobras a una empresa de servicios petroleros.
El Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió el cambio de medida cautelar a la procesada, luego de un año de permanecer presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, confirmaron autoridades federales.
El impartidor de justicia consideró que ya no se acreditaba el riesgo de que pudiera darse a la fuga y, por ello, el 30 de agosto Álvarez del Castillo abandonó el centro penitenciario, aseguró el abogado defensor Enrique Ostos Garza.
La información del juzgado se apoyó en la evaluación de riesgos presentada el 25 de agosto por la Guardia Nacional, en la que concluye que no halló factores de riesgo de fuga en varios de los aspectos analizados.
“De la información recabada, no se cuenta con datos que permita identificar factores de riesgo en este rubro”, dice el documento de la corporación federal.
De 48 años y licenciada en administración y finanzas, Álvarez está sujeta a juicio por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito y los hechos que le imputan habrían ocurrido durante la gestión en Banobras de Alfredo del Mazo Maza, ex Gobernador del Estado de México.
Según los antecedentes del caso, el 13 de agosto de 2013, Banobras suscribió el contrato de crédito con la empresa Rodisa para transferirle 91.4 millones de dólares, equivalentes en ese entonces a mil 238.6 millones de pesos.
Rodisa fue constituida el 6 de julio de 2011 ante la Notaría 42 de Alvarado, Veracruz, pero su domicilio se localizaba en Houston, Texas.
En menos de un año, el 17 de mayo de 2012, ganó dos contratos en Pemex Exploración y Producción por 203.5 millones de dólares para proveer cinco equipos de perforación terrestre de pozos y brindar asistencia técnica hasta 2017.
La FGR sostiene que, para financiar estos contratos, la compañía solicitó y consiguió un crédito de Banobras por 91.4 millones de dólares, presentando como garantía dos inmuebles con avalúos falsos. Uno, en Coatzacoalcos, y otro, en Cosoleacaque, Veracruz, con un valor inflado que sólo alcanzaba los 247 millones de pesos.
Álvarez fue acusada y detenida por este asunto porque era empleada de Infisef, la asesora financiera de Rodisa y que gestionó la obtención de dicho crédito con los avalúos falsos de dos inmuebles presentados como garantía.
Agencia Reforma
