El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua emitió un posicionamiento público para reafirmar sus atribuciones legales en materia de responsabilidades administrativas y penales, en el contexto de la causa abierta contra el exgobernador Javier Corral Jurado.
El pronunciamiento surge a raíz del proceso en el que se le señala por la presunta comisión del delito de peculado agravado, previsto en el Código Penal del Estado, por un monto de 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales. El caso, destacaron, es clave para delimitar las competencias entre los sistemas nacional y estatal anticorrupción, así como entre los esquemas de fiscalización federal y local.
Durante la sesión celebrada en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela sostuvo que la carpeta de investigación relacionada con el monto señalado continúa bajo competencia estatal, pese a la resolución emitida por un órgano colegiado.
Valenzuela aseguró que la instancia a su cargo defenderá la atribución local para continuar con la investigación y proteger los intereses de la ciudadanía. “Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la víctima, que son los chihuahuenses”, expresó, al recordar que la Secretaría de Hacienda estatal figura como parte afectada al ser responsable de la administración de los recursos públicos.
El Comité reiteró que la definición clara de competencias es fundamental para garantizar la correcta aplicación de la ley y la rendición de cuentas en casos relacionados con el manejo de recursos públicos.
