El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) frenó ayer el último intento para reciclar y mantener en el cargo, durante los próximos dos años, a 100 juzgadores cuyas funciones concluyen el próximo 31 de agosto, tras la elección judicial.
Se trata de jueces de distrito y magistrados de circuito cuyos cargos fueron decididos en las urnas, pero no participaron en el proceso electoral o perdieron los comicios, y solicitaron continuar en sus puestos hasta el 2027, bajo el supuesto de que son personas en situación de vulnerabilidad.
Funcionarios judiciales señalaron previamente que esta maniobra del CJF era a todas luces ilegal porque en la mayoría de los casos se trataba de juzgadores que no acreditaron una situación de vulnerabilidad y además pidieron su permanencia en el cargo en forma extemporánea, contrario a los requisitos establecidos por el Senado de la República.
Debido a que en su sesión del Pleno de este miércoles los consejeros no lograron la mayoría calificada de 5 votos, necesaria para la aprobación de las adscripciones, la prórroga no pudo ser aprobada.
Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, señalados por funcionarios judiciales como promotores de la iniciativa, así como Bernardo Bátiz y José Alfonso Montalvo Martínez, quien no era parte del bloque oficialista en el Pleno, votaron en favor de aprobar los nombramientos.
La sorpresa fue Verónica de Gyvés, quien ha integrado el bloque afín al Gobierno y votó en contra, sumándose a la postura de la ministra presidenta Norma Piña y la consejera Lilia Mónica López Benítez, con lo que impidió la mayoría calificada.
De acuerdo con fuentes jurisdiccionales, bajo el mismo supuesto, de enero a marzo el CJF aprobó prolongar la permanencia de alrededor de 80 impartidores de justicia y este miércoles pretendía aprobar otros 100, lo que, de haber sucedido, implicaría mantener en sus puestos al 21 por ciento de los 850 juzgadores cuyas plazas fueron renovadas con la pasada elección.
Informes obtenidos indican que en julio pasado el Consejo hizo dos intentos para aprobar esta centena de adscripciones, pero la primera vez no se alcanzó un acuerdo y en la segunda no estuvo presente el consejero Molina, razón por la que la votación se llevó a cabo hasta este miércoles.
Para algunos impartidores de justicia consultados, el voto clave de la sesión de hoy era el de Montalvo, quien este jueves concluye su periodo como consejero del CJF y se temía que apoyara la propuesta.
Montalvo cumplió con el pronóstico, pero sorpresivamente de Gyvés echó abajo el intento.
La maniobra
En octubre del año pasado, tras aprobarse la reforma judicial, el Senado de la República aceptó en forma excepcional que ocho juzgadoras que irían a la elección de este año, se quedaran en el cargo hasta los comicios de 2027, por su condición de embarazo y lactancia.
Debido a que enseguida hubo otros impartidores de justicia que solicitaron la misma prerrogativa, principalmente por padecimientos graves de salud, el 11 de diciembre pasado el Senado emitió un acuerdo para autorizarle al CJF la atribución de adjudicar una vacante no insaculada a juzgadores bajo dos condiciones.
La primera, que demostraran “circunstancias especiales de salud o de fuerza mayor”; y la segunda, que el CJF solo analizara las solicitudes presentadas antes de la fecha de publicación de este acuerdo legislativo, lo cual ocurrió el 13 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.
Bajo este acuerdo, un juzgador en estado de vulnerabilidad acreditado y con una plaza disputada en la elección de 2025, podía ocupar un cargo vacante que sería elegido en las urnas hasta el proceso electoral de 2027.
En los hechos, relevaría a un juez o magistrado que, pese que sus cargos se votarían hasta dentro de dos años, renunciaron en los últimos meses.
De acuerdo con funcionarios judiciales, lo que sucedió es que desde principios de año el CJF aprobó dejar hasta el 2027 a unos 80 impartidores de justicia que solicitaron esta prórroga -muchos después de la fecha indicada por el Senado- y sin probar circunstancias de vulnerabilidad, con excepción de una decena de casos.
Refirieron que algunos de ellos son los de las magistradas Lucina Altamirano Jiménez adscrita al Tribunal Colegiado de Apelación de Tijuana; y Karla Gisel Martínez Martínez, del Primer Tribunal Colegiado de Mexicali, Baja California.
También, los magistrados Jaime Páez Díaz, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, y Fabiola Moreno Pérez, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos en Zapopan, Jalisco.
Señalaron que esta maniobra “ilegal” para reciclar a juzgadores es una propuesta que promovieron los consejeros Celia Maya y Sergio Molina ante el Pleno del CJF, con fines clientelares, pues buscan favorecer a quienes apoyaron sus candidaturas.
